La crisis del estrecho de Ormuz ha dejado de ser un mero conflicto energético para convertirse en un riesgo sistémico global. La transición hacia modelos industriales sostenibles, respaldados por la producción de amoniaco y la inversión en descarbonización, ha dejado de ser un objetivo puramente climático para consolidarse como una condición necesaria para la seguridad económica, tecnológica y alimentaria a largo plazo.

La economía mundial se enfrenta a una perturbación histórica que va mucho más allá del encarecimiento del petróleo. El cierre de facto del estrecho de Ormuz, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, ha desplomado el tráfico marítimo entre 90% y 95%. Esta parálisis no solo ha bloqueado cerca de 10 millones de barriles diarios de crudo, sino que ha estrangulado el suministro global de gas natural, fertilizantes, plásticos e incluso gases críticos para la industria tecnológica.

Ante la urgencia, la Agencia Internacional de la Energía ha liberado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor intervención de su historia. Sin embargo, este volumen apenas cubre unas pocas semanas del suministro habitual del Golfo, lo que pone de manifiesto la fragilidad estructural del sistema energético global.

El shock energético y el efecto dominó industrial

La reacción de los mercados ha sido inmediata. Los precios del crudo Brent han escalado hasta el entorno de los 115–120 dólares por barril, mientras que el gas natural en Europa ha registrado incrementos de entre 50% y 75% en pocas semanas.

Este encarecimiento está golpeando con fuerza a la industria manufacturera. La Asociación de la Industria Química Alemana ha alertado de serios problemas de desabastecimiento de materias primas críticas como el amoniaco, los fosfatos y el azufre, agravando la contracción del sector.

El impacto se extiende además a sectores menos visibles pero igualmente estratégicos. La interrupción de las instalaciones cataríes ha reducido la producción de nafta, esencial para la fabricación de plásticos de uso cotidiano, y ha afectado gravemente al suministro global de helio. Dado que Qatar concentra aproximadamente un tercio de la producción mundial de este gas, indispensable en la fabricación de semiconductores, la crisis proyecta incertidumbre sobre toda la cadena tecnológica global.

La crisis de los fertilizantes y el riesgo de inflación alimentaria

El estrecho de Ormuz es también una arteria clave para el comercio mundial de fertilizantes, por la que transita cerca de un tercio del volumen global. El bloqueo ha paralizado el envío de entre 3 y 4 millones de toneladas mensuales, provocando un fuerte incremento de precios en los mercados internacionales.

La urea, principal fertilizante nitrogenado, ha experimentado subidas significativas en distintas regiones, elevando los costes de producción agrícola. Este encarecimiento obligará previsiblemente a reducir su uso, con el consiguiente impacto en los rendimientos de las cosechas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte de que los efectos de esta crisis se trasladarán al consumidor con cierto retraso, pudiendo materializarse en una nueva ola de inflación alimentaria hacia finales de 2026. Al mismo tiempo, algunos de los países más dependientes de las importaciones alimentarias, incluidos varios del Golfo, afrontan una vulnerabilidad creciente.

El amoniaco (azul y verde): vector estratégico para la transición energética y la seguridad industrial

Esta crisis geopolítica ha evidenciado los riesgos de la dependencia de combustibles fósiles importados, reforzando la necesidad de acelerar el desarrollo de vectores energéticos como el amoniaco, tanto en su variante azul como verde. Más allá de su papel tradicional en fertilizantes, el amoniaco se posiciona como una solución clave para el almacenamiento y transporte de energía, así como para la descarbonización de sectores difíciles de electrificar, como el transporte marítimo o la industria pesada.

En este contexto, el amoniaco azul, producido a partir de gas natural con captura de carbono, puede desempeñar un papel relevante como solución de transición, permitiendo avanzar en la reducción de emisiones en el corto y medio plazo, siempre que se garanticen estándares estrictos en el control de emisiones asociadas a su cadena de suministro.

Por su parte, el amoniaco verde, basado en hidrógeno renovable, representa la solución estructural a largo plazo, alineada con los objetivos de neutralidad climática. Aunque actualmente enfrenta retos económicos y tecnológicos, se espera que las mejoras en eficiencia y escalabilidad reduzcan progresivamente sus costes y aceleren su despliegue.

Lejos de plantearse como alternativas excluyentes, ambas rutas deben entenderse como complementarias dentro de una estrategia de transición ordenada, que permita reforzar la seguridad energética, industrial y alimentaria en un contexto geopolítico cada vez más incierto. La diversificación tecnológica y geográfica de la producción de amoniaco será, en este sentido, un elemento clave para reducir la exposición a futuras disrupciones.

Movilización de recursos: el impulso a la descarbonización industrial

Para responder a esta vulnerabilidad, gobiernos e instituciones están acelerando sus planes de transformación industrial. En España, el PERTE de Descarbonización Industrial prevé movilizar una inversión total de 11.800 millones de euros, de los cuales 3.100 millones corresponden a financiación pública.

Este programa impulsa la electrificación de procesos industriales, la incorporación de hidrógeno renovable, la reducción del consumo de gas natural y la mejora de la eficiencia energética. A través de instrumentos como las líneas de actuación integral y los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo, el objetivo es reforzar la competitividad industrial al tiempo que se avanza en la reducción de emisiones.

La crisis del estrecho de Ormuz ha dejado de ser un episodio coyuntural para convertirse en un catalizador estructural. La transición hacia modelos industriales sostenibles ya no responde únicamente a objetivos climáticos, sino que se configura como una necesidad estratégica para garantizar la resiliencia económica, la seguridad alimentaria y la autonomía energética en un entorno global cada vez más volátil.